“La 4T no solo gobierna, construye hegemonía: la nueva República ya está en marcha.”
“La historia es un proceso de lucha entre hegemonías que buscan imponerse y resistencias que se niegan a desaparecer”. Esta afirmación de Antonio Gramsc cobra un nuevo significado en el México de 2025. La Cuarta Transformación (4T), más que un gobierno, ha consolidado una hegemonía política, cultural y discursiva que está redefiniendo el Estado y la sociedad. Su avance no solo ha sido electoral, sino también institucional: con el control del Ejecutivo, el Legislativo y una reforma judicial en marcha, México atraviesa un momento constituyente que marca el nacimiento de una nueva República.
De la transformación a la hegemonía
Desde 2018, el obradorismo sentó las bases de un cambio de paradigma en la política mexicana, pero fue hasta la elección de 2024 cuando consolidó su hegemonía. La victoria de Claudia Sheinbaum, con un margen contundente, no solo rompió el paradigma de que solo los hombres pueden gobernar el país, sino que también reafirmó el respaldo popular a un proyecto que ya no depende únicamente de Andrés Manuel López Obrador.
Pablo Iglesias (2014) señala que disputar la democracia no se trata solo de ganar elecciones, sino de transformar el sentido común de una sociedad. La 4T ha logrado esto al reformular la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ha posicionado la política como un ejercicio de justicia social, desplazando las visiones neoliberales que priorizaban el mercado sobre el bienestar colectivo. Este nuevo consenso legitima la intervención estatal en áreas estratégicas y refuerza la idea de que el gobierno debe ser un actor activo en la redistribución del poder y la riqueza.
La victoria de Sheinbaum no fue solo producto de la inercia obradorista, sino del éxito de una estrategia política que consolidó a la izquierda como la fuerza dominante del país. Morena no solo ganó la presidencia, sino que también obtuvo el control del Congreso, con la mayoría suficiente para emprender cambios constitucionales. A esto se suma la inminente reforma del Poder Judicial, un proceso que reconfigurará el equilibrio de poderes y que marca la diferencia entre una administración de continuidad y una transformación estructural del Estado.
El nuevo contrato social y la reforma judicial
Uno de los cambios más significativos de esta nueva etapa es la reforma al Poder Judicial. La ausencia de Norma Piña en la conmemoración del 5 de febrero de 2025 no es solo un gesto protocolario, sino un símbolo del fin de un viejo régimen. La independencia judicial, en su versión tradicional, ha sido cuestionada por operar como un mecanismo de protección de élites en lugar de garantizar el acceso equitativo a la justicia.
Diana Fuentes y Massimo Modonesi (2023) argumentan que la transformación de un Estado no puede limitarse a cambios administrativos; requiere alterar las estructuras de poder que sostienen el statu quo. La reforma judicial de la 4T avanza en esa dirección: busca hacer que la justicia responda a criterios democráticos y no a intereses corporativos.
El control de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los tribunales no es un simple movimiento táctico; es la pieza clave de una nueva arquitectura institucional. La reforma busca garantizar que el Poder Judicial no solo aplique la ley, sino que lo haga en función de una nueva concepción de justicia, donde el pueblo tenga un papel más activo en su configuración. Esto implica que la impartición de justicia no estará desligada de la voluntad popular, lo que para la oposición es una amenaza a la “autonomía” judicial, pero para la 4T es la consolidación de un verdadero Estado democrático.
La propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular es una de las medidas más controvertidas. Sus críticos la ven como una forma de control político del Poder Judicial; sus defensores la entienden como un mecanismo de democratización. En cualquier caso, la reforma es un punto de no retorno: el viejo modelo de justicia, construido sobre la base de una tecnocracia judicial, está siendo desplazado por una visión donde el derecho responde a criterios políticos y sociales más amplios.
El desafío de la oposición
Frente a este panorama, la oposición enfrenta una crisis de identidad. La derrota de 2024 no solo fue electoral, sino ideológica. Los partidos tradicionales no han entendido que el poder ya no se disputa únicamente en las instituciones, sino en la narrativa y en la capacidad de definir qué es legítimo y qué no.
Juan Carlos Monedero (2022) destaca que la política no se trata solo de hechos, sino de relatos. En este sentido, la 4T ha sabido construir un discurso que conecta con la mayoría social, mientras que la oposición sigue atrapada en la lógica de un pasado que ya no existe.
El PAN y el PRI han insistido en una retórica de catastrofismo que no resuena con un electorado que, en su mayoría, ha encontrado en la 4T una representación más cercana de sus demandas y aspiraciones. Sus estrategias han oscilado entre la denuncia de supuestas amenazas a la democracia y la apelación a sectores empresariales, pero han fracasado en construir una alternativa política creíble.
El problema para la oposición es que Morena no solo gobierna, sino que construye hegemonía. La diferencia es sustancial: gobernar implica administrar el poder dentro de los marcos institucionales existentes, mientras que construir hegemonía significa redefinir esos marcos y crear un nuevo sentido común. La 4T no solo ha ganado elecciones; ha moldeado una nueva forma de entender la política.
Un nuevo pacto social en construcción
La consolidación de la 4T representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y la sociedad. La justicia social ya no es un principio abstracto, sino el eje rector de un nuevo contrato social. En este modelo, el poder público deja de ser un mero árbitro entre intereses privados y se convierte en un actor central en la redistribución de recursos y oportunidades.
Este nuevo pacto social implica también una reconfiguración de los derechos y deberes ciudadanos. La universalización de programas sociales, la inversión en infraestructura pública y la democratización del Poder Judicial son elementos de una estrategia que busca garantizar que el Estado no sea solo un administrador, sino un agente de transformación.
El horizonte que se abre con la nueva República no está exento de tensiones. La consolidación de una hegemonía política siempre genera resistencias, tanto internas como externas. Sin embargo, lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino la redefinición misma del proyecto de nación.
La 4T ha logrado lo que pocas fuerzas políticas en la historia reciente de México: construir una mayoría política y social que trasciende los ciclos electorales. Ahora, el reto es consolidar esta hegemonía en instituciones, normas y cultura política. La nueva República no es un destino alcanzado, sino un proceso en marcha.
Referencias
Fuentes, D., & Modonesi, M. (2023). Hegemonía y 4T: Un debate gramsciano. ITACA-UAM Xochimilco.
Iglesias, P. (2014). Disputar la democracia. Akal.
Monedero, J. C. (2022). El gobierno de las palabras: Política para tiempos de confusión. Akal.
