El municipio apagó el sonido y la Policía Estatal llegó de madrugada; el coro ya había elegido a quién culpar.
Desde el búnker estratégico de Querétaro
MIRADA CRÍTICA
Inteligencia Política · Narrativa · Poder
Por Raúl Reyes Gálvez
“El poder y la violencia son opuestos; donde la una domina absolutamente, falta el otro”.
Hannah Arendt, Sobre la violencia (1970)
Pongo a hervir la Bialetti a las cinco y, antes del primer gorgoteo, reviso la válvula de seguridad, ese botoncito de latón en el que casi nadie se fija. Si se tapa, la presión busca la junta más débil y escapa por ahí, con café y todo.
Crecí con un casete de El Tri que se gastó de tanto rebobinar «Abuso de autoridad», aquella queja de los ochenta contra las patrullas que cerraban tocadas y contra un país donde, ironizaba Alex Lora, solo el hijo de Díaz Ordaz iba a poder seguir cantando. En esa misma época nos juraban que «Stairway to Heaven» tocada al revés invocaba al diablo, y yo seguía escuchando discos de Metallica, Motley Crue, AC/DC y Scorpions.
Una lista revisada contra miles de gargantas
El viernes 13 de noviembre, en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera, instalado en el Eco Centro Expositor de El Marqués, el sonido se cortó a mitad de «AMG». Gabito Ballesteros, sonorense de Cumpas, 27 años, había entregado una lista de canciones que el Comité Organizador revisó con las autoridades. Según el comité, ya había recibido una advertencia por un primer tema fuera de esa lista. La pregunta que dejó la noche es incómoda: ¿por qué una decisión de Inspección Municipal de El Marqués terminó cargada a la cuenta del gobernador Mauricio Kuri?
La respuesta empieza en la explanada. Horas antes, las cuentas de la propia Feria difundían imágenes del lugar lleno y del público cantando con él, la clase de postal que cualquier organizador quiere en su segunda noche. Cuando el audio murió, el coro cambió de destinatario y se oyó «fuera Kuri». La explanada no gritó contra el reglamento que el ayuntamiento de El Marqués aprobó en agosto de 2025 para frenar espectáculos que hagan apología del delito; gritó contra el titular del Poder Ejecutivo.
Ese desplazamiento tiene una explicación institucional. A las 4:00 del sábado 14, según el Registro Nacional de Detenciones, fue la Policía Estatal, subordinada al gobernador, la que detuvo al cantante y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República. El municipio apagó la bocina, pero el uniforme que apareció en la madrugada pertenecía al gobierno del estado. Para quien estaba en la explanada, la cadena de mando cabe en un solo apellido.
Una carpeta por armas que nadie recuerda
Aquí aparece el dato que obliga a releer la noche. La Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR informó que investiga la portación de un arma de fuego hallada en la camioneta donde viajaban Ballesteros y su equipo, y que busca verificar si existía permiso. Cinco personas fueron detenidas; el cantante salió de la delegación en Querétaro hacia las 21:10 del sábado, tras unas 17 horas.
Jurídicamente, la detención descansa en el arma. En la memoria de quienes estaban frente al escenario, descansa en la canción. Desde su camioneta, en una transmisión en vivo, Ballesteros preguntó cuál había sido su delito y enumeró las cuatro piezas que, según él, le habían vetado: «El Tsurito», «Presidente», «Cuerno Azulado» y «Lou Lou». «AMG», sostuvo, estaba permitida. El Comité Organizador afirma lo contrario y cuenta dos incumplimientos. Esa discrepancia sobre una hoja de papel entregada antes del concierto es hoy el expediente público del caso.
El artículo 208 del Código Penal Federal castiga a quien provoque públicamente a cometer un delito o haga su apología. «AMG», grabada con Natanael Cano y Peso Pluma, cuenta la historia de un muchacho que pasó de batallar a comprarse la Mercedes Clase G que soñaba. La letra describe a más de un político queretano que se mudó de San Francisquito a El Campanario y cambió el colchón en el suelo por la Suburban con escoltas. La frontera entre aspiración y apología la trazó, esa noche, una lista revisada en una oficina.
Lo popular decide de quién es el agravio
Stuart Hall escribió en 1981 que la cultura popular es uno de los lugares donde el consentimiento se gana o se pierde. Por eso intervenir en ella siempre tiene un costo. El indicador en Querétaro es visible: los vetos anteriores pasaron sin coro. En abril de 2025, Ezequiel Montes canceló a El Komander y Pedro Escobedo retiró el permiso a Los Alegres del Barranco; el gobierno estatal anunció que Gerardo Ortiz no volvería a cantar aquí tras incumplir en la Feria del Grano y la Cantera. Todo ocurrió en oficinas y antes del show. En El Marqués, la autoridad intervino dentro del ritual, con miles de testigos. El límite de esta lectura es claro: un coro en una explanada mide intensidad y no equivale a opinión pública.
Stanley Cohen llamó pánico moral, en 1972, al ciclo en que una sociedad elige un grupo como amenaza y lo convierte en espejo de sus miedos. Mi generación conoció la versión mexicana después de Avándaro, en 1971, cuando el rock se fue a los hoyos fonquis porque los foros oficiales se cerraron. Hoy el acusado es el corrido tumbado. Con una diferencia que el gobierno tiene derecho a invocar: el 9 de noviembre de 2024, la masacre en el bar Los Cantaritos dejó diez muertos en Querétaro, y en los días siguientes Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera Regional, pidió condiciones para los artistas de la Feria. Aquí el miedo tiene cadáveres.
La frontera entre aspiración y apología la trazó, esa noche, una lista revisada en una oficina.
El 19 de septiembre de 1985, el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos escuchó al Parents Music Resource Center, que pedía controlar letras de rock y metal; Frank Zappa y Dee Snider testificaron en contra. De esa audiencia salió la etiqueta Parental Advisory, que la industria terminó adoptando y que hoy se vende estampada en camisetas. El mecanismo coincide con el queretano: el Estado señala un contenido y el señalamiento lo vuelve identidad. La diferencia es de grado. Washington pegó una calcomanía en los discos; en Querétaro hubo patrullas, una fiscalía federal y un arma de por medio.
La prohibición amplificadora tiene más de un perdedor
La prohibición amplificadora es la medida que, al ejecutarse frente a su público, multiplica el alcance de lo que pretendía silenciar. Su costo también alcanza al otro lado. La representación de Ballesteros ofreció una disculpa a los gobiernos de Querétaro y de El Marqués y habló de un error de criterio, lo cual debilita la versión del artista silenciado. Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una queja ante la CNDH por la detención; si la carpeta de la FGR confirma que el arma carecía de permiso, su partido quedará defendiendo a un detenido armado en un estado que todavía recuerda Los Cantaritos.
Para el gobierno estatal, el riesgo es la frase que resume la cadena: la Feria cortó el número más convocante de la noche, la policía llegó de madrugada y el cantante amaneció en la FGR. Cada eslabón tiene sustento jurídico, y aun así la suma cabe en cinco palabras que circulan solas: el gobierno canceló la fiesta. La Feria sigue hasta el 30 de noviembre; cada noche en que el Teatro del Pueblo se llene será leída contra la del viernes 13.
La válvula existía y se llamaba lista pública de canciones vetadas y criterio escrito. Se cerró sobre el escenario, y la presión salió por la junta que nadie vigilaba, con nombre y apellido.
En El Marqués se apagó una bocina; en junio de 2027 votarán muchos de los que estaban frente a ella.
Correo: raulreyesgalvez@miradacritica.info




