“ El cambio de perspectiva de Moody’s, el creciente déficit y las tensiones fiscales en los estados colocan a Claudia Sheinbaum en una encrucijada económica.”
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia marca un momento decisivo para la Cuarta Transformación. Sin embargo, el camino está plagado de retos, particularmente en el frente económico. Apenas un día antes de la entrega del Paquete Económico 2025, la agencia calificadora Moody’s cambió la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa. Actualmente, la calificación crediticia de Moody’s es de “Baa2”, apenas dos escalones por encima del grado especulativo, mientras que Fitch Ratings se encuentra a un solo peldaño de retirar el grado de inversión al país.
Este movimiento refleja la creciente preocupación por el debilitamiento institucional, el aumento del déficit fiscal —estimado en cerca del 6% del PIB—, y los riesgos asociados a la sostenibilidad de la deuda de Pemex. Para Sheinbaum, este contexto plantea desafíos críticos: mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y atender las crecientes demandas sociales sin comprometer las finanzas públicas ni el bienestar de los estados.
Las señales de alerta económica
El cambio en la perspectiva crediticia subraya un conjunto de problemas estructurales que México arrastra desde hace décadas. Moody’s destacó que el entorno institucional, en particular la incertidumbre generada por iniciativas como la reforma judicial, socava la confianza de los inversionistas. A esto se suma el deterioro de la asequibilidad de la deuda pública, con un presupuesto federal que enfrenta una mayor rigidez debido al crecimiento de programas sociales y pasivos contingentes, especialmente los relacionados con Pemex.
En este sentido, la petrolera estatal sigue siendo un lastre significativo para las finanzas públicas. Aunque el gobierno ha buscado fortalecerla con inyecciones de capital, su modelo de negocio no ha mostrado señales de sostenibilidad. Moody’s advirtió que los pasivos contingentes de Pemex podrían materializarse, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal del país.
Por otro lado, la política económica enfrenta una paradoja: si bien la administración de López Obrador logró mantener finanzas públicas relativamente ordenadas, el costo ha sido una rigidez presupuestaria que limita la capacidad de maniobra de Sheinbaum. Esta rigidez es particularmente preocupante en un contexto de desaceleración económica global y crecientes presiones internas.
El impacto en las finanzas de los gobiernos estatales
Uno de los efectos más alarmantes del déficit presupuestario es el impacto que tendrá en las finanzas de los gobiernos estatales. En México, los estados dependen en gran medida de las transferencias federales, ya sea a través de participaciones (recursos de libre disposición) o aportaciones (etiquetados para fines específicos como salud y educación). Sin embargo, la rigidez del gasto federal está dejando menos margen para fortalecer estos flujos, lo que comienza a generar tensiones significativas en los presupuestos estatales.
La disminución en términos reales de las participaciones federales afecta directamente la capacidad de los estados para responder a las crecientes demandas de servicios públicos. Esto es especialmente crítico en áreas como salud, educación y seguridad, donde los recursos federales han sido insuficientes para cubrir las necesidades de la población.
Por ejemplo, varios estados han reportado déficits en los presupuestos destinados a servicios de salud, lo que compromete la atención médica de millones de personas. En educación, la falta de recursos limita la implementación de reformas y perpetúa desigualdades regionales. En materia de seguridad, la insuficiencia presupuestaria está debilitando a las policías estatales y municipales, lo que incrementa la dependencia de las fuerzas federales y centraliza aún más el control de los recursos de seguridad en la administración federal.
El dilema de la autonomía fiscal estatal
Para compensar la disminución de recursos federales, los estados podrían aumentar sus ingresos propios. Sin embargo, esta opción enfrenta serias limitaciones. La mayoría de los estados tienen una capacidad de recaudación limitada y una dependencia histórica de las transferencias federales. Además, cualquier intento de incrementar impuestos locales enfrenta resistencias políticas y sociales en un entorno económico adverso.
Esto deja a los estados en una posición precaria: deben hacer más con menos, pero sin las herramientas fiscales ni políticas necesarias para cerrar la brecha. Como resultado, muchas entidades recurren al endeudamiento, aumentando su vulnerabilidad financiera y el riesgo de crisis fiscales regionales.
Tensiones políticas y desigualdades regionales
El impacto desigual de la crisis fiscal está ampliando las desigualdades entre regiones y alimentando tensiones políticas. Los estados del sur y sureste, que dependen en mayor medida de las transferencias federales, son los más afectados. Por otro lado, entidades con economías más diversificadas y mayores ingresos propios, como las del Bajío y el norte, cuentan con un margen de maniobra ligeramente mayor.
Este escenario ha llevado a algunos gobernadores a cuestionar el pacto fiscal federal, exigiendo una distribución más equitativa de los recursos. Esta disputa tiene el potencial de escalar en los próximos años, convirtiéndose en una fuente de inestabilidad política para el gobierno de Sheinbaum.
El camino a seguir
Frente a estos retos, Claudia Sheinbaum debe actuar con determinación para evitar una crisis fiscal que afecte tanto a la Federación como a los estados. Entre las acciones prioritarias se encuentran:
1. Reformas al pacto fiscal: Revisar el esquema de distribución de recursos entre la Federación y los estados, garantizando una asignación más equitativa que refleje las necesidades y características de cada región.
2. Fortalecimiento de la recaudación local: Implementar programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar la capacidad de recaudación de los estados y reducir su dependencia de las transferencias federales.
3. Programas de financiamiento compensatorio: Diseñar esquemas de financiamiento extraordinarios para los estados más vulnerables, bajo condiciones claras de transparencia y uso eficiente.
Adicionalmente, será crucial atender los problemas estructurales de Pemex, cuya carga financiera amenaza con desbordar el presupuesto federal. Esto requiere no solo un plan de rescate financiero, sino también una estrategia a largo plazo que redefina su modelo de negocio hacia la sostenibilidad.
Una encrucijada para la Cuarta Transformación
El desafío fiscal que enfrenta Claudia Sheinbaum no es solo una prueba de su capacidad de gestión, sino también un examen para el proyecto de la Cuarta Transformación. Si no se toman medidas oportunas y efectivas, la crisis fiscal podría erosionar la confianza de los ciudadanos y debilitar la cohesión política del país.
Sheinbaum debe comprender que la estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para garantizar el bienestar social y el desarrollo regional. Esto implica equilibrar las prioridades nacionales con las necesidades locales, reconociendo que el éxito de su administración dependerá, en última instancia, de la capacidad de los estados para cumplir con sus responsabilidades.
En este contexto, su liderazgo será determinante. Más que nunca, México necesita una visión clara y una estrategia audaz que no solo enfrente los desafíos inmediatos, sino que también siente las bases para un futuro más equitativo y sostenible. El tiempo apremia, y las decisiones tomadas en los próximos meses definirán el legado de la Cuarta Transformación.
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