“El Mayo confesó, Washington aplaudió… y México quedó desnudo: narco, poder y soberanía en ruinas.”
El 25 de agosto de 2025 no fue un lunes cualquiera. Fue un lunes negro. Ese día, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los hombres más buscados en la historia del narcotráfico, se declaró culpable en una corte de Nueva York. No lo hizo en México, no fue un tribunal mexicano el que escuchó sus confesiones sobre toneladas de droga traficada, sobre sobornos a policías, militares y políticos. Fue Estados Unidos quien se arrogó el derecho de juzgarlo, quien retuvo los bienes y quien exhibió ante el mundo lo que aquí siempre supimos, pero rara vez se quiso reconocer: que México tiene una narcopolítica incrustada hasta la médula.
El problema no es solo Zambada. El problema es lo que revela su confesión: un Estado que entregó su soberanía judicial, que se resignó a mirar cómo el vecino del norte se queda con los capos y con sus fortunas, mientras en territorio mexicano quedan los muertos, las viudas y los huérfanos. Más de 1,500 vidas se apagaron en Sinaloa tras su captura y extradición. La ecuación es insultante: ellos obtienen resultados, nosotros acumulamos cadáveres.
La nueva narrativa de Sheinbaum: continuidad o ruptura
Claudia Sheinbaum ha intentado diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador en el terreno de la relación bilateral. Mientras su antecesor se enredaba en desplantes retóricos contra Donald Trump, ella ha optado por una diplomacia pragmática: resultados, no discursos. Lo deja ver en su cálculo inmediato: entregar capos, exhibir operativos y ganar oxígeno frente a las presiones de Washington.
El respaldo de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, a la administración mexicana no es gratuito. Washington necesita mostrar que la guerra contra las drogas sigue viva y que la Casa Blanca de Trump puede presumir logros históricos en la captura de líderes criminales. A cambio, Sheinbaum consigue lo que considera un respiro en otras áreas: la negociación del T-MEC, la contención de las voces trumpistas que claman por operaciones militares en suelo mexicano, y un margen político para evitar embestir directamente contra gobernadores o senadores de su propio partido vinculados al narco.
Pero aquí se abre la grieta narrativa: ¿puede un gobierno que se proclama como la cuarta transformación de México sostener un discurso de soberanía, cuando la justicia contra los capos se libra en cortes extranjeras? ¿Puede hablar de ruptura histórica con el pasado cuando repite la misma lógica de entregar a Estados Unidos a quienes deberían ser juzgados en territorio nacional?
El juego político: arrestos diferidos y sacrificios calculados
En Palacio Nacional existe la creencia de que los arrestos pueden dosificarse. Primero Iván Archibaldo Guzmán, pieza de cambio para demostrar eficacia y contener a Trump. Después, eventualmente, algún político menor para simular mano dura. Lo que se busca evitar es lo inminente: que las investigaciones estadounidenses terminen alcanzando a figuras centrales del oficialismo, como gobernadores o líderes legislativos.
Es la política como ajedrez: sacrificar peones para salvar a la reina. Pero en este juego, las reglas no las dicta México, sino Washington. La visita confirmada de Marco Rubio en septiembre es prueba de ello: Estados Unidos marca los tiempos y los temas. Y el gobierno mexicano, atrapado entre la necesidad de sobrevivir políticamente y el miedo a exhibir su propia narcopolítica, acepta el rol de socio menor en un tablero que debería disputar con dignidad.
La teoría política de la corrupción aplicada a México
La corrupción, decía Karl Popper, no es solo un abuso de poder sino un quiebre del pacto social que sostiene a la democracia. Cuando la corrupción se convierte en sistema, el Estado deja de ser garante del interés público y pasa a ser operador de intereses privados. Eso es lo que revela el caso Zambada: que el narcotráfico y la política mexicana no son mundos paralelos, sino vasos comunicantes.
La lista de once políticos —gobernadores en funciones, exmandatarios, fiscales, jueces— vinculados por investigaciones periodísticas con distintos cárteles confirma que el fenómeno no tiene color partidista: es transversal. Y la confesión de El Mayo ante un tribunal extranjero le da a esa lista un peso que ninguna declaración presidencial puede neutralizar.
México queda así expuesto en el escenario internacional: como un país que no controla a sus criminales, que no juzga a sus corruptos y que permite que otro Estado haga el trabajo. El costo no es solo simbólico: es la erosión de la legitimidad interna y la fragilidad de la narrativa soberana.
La herida de la soberanía
El triunfo que Estados Unidos presume tiene un lado oscuro: el injerencismo. Zambada no cayó por la fortaleza institucional de México, sino por una operación avalada y orquestada desde Washington. El resultado es una herida profunda en la soberanía.
La presidenta puede aprobar nuevas leyes, puede reorganizar el Poder Judicial, puede intentar construir un discurso distinto. Pero nada borrará la imagen de un capo mexicano confesando ante un juez extranjero lo que los jueces mexicanos nunca escucharon. Nada borrará la evidencia de que la justicia, cuando se trata de los grandes peces, no ocurre aquí, sino allá.
Última escena: el teatro de la justicia
Imagino la última escena como un teatro invertido. En Nueva York, un juez estadounidense dicta sentencia contra un hombre que durante medio siglo fue el fantasma del narco. En México, los políticos se observan en silencio, midiendo sus palabras, temiendo que el eco de esas confesiones los alcance. Afuera, la sociedad se pregunta cómo fue posible que un Estado entero funcionara tanto tiempo al servicio de un criminal.
Lo dramático es que no es solo la historia de Zambada: es la historia de México expuesta ante el mundo. Washington presume justicia, la 4T presume pragmatismo, y el país queda desnudo, sin soberanía judicial, con un sistema político señalado y con la mancha indeleble de la narcopolítica.
Ese es el verdadero desafío de Sheinbaum: romper no con la retórica de su antecesor, sino con los hechos que hoy la igualan. Porque si México no puede juzgar a sus propios criminales, la promesa de transformación queda reducida a simulacro. Y un país que convierte la justicia en espectáculo ajeno es un país que sigue siendo rehén de su propia sombra.
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